El Derecho a la Ciudad es un derecho humano y colectivo, que concierne tanto a quienes la habitan hoy como a las generaciones futuras. Es un compromiso ético y político por la defensa de un bien común esencial para una vida plena y digna frente a la mercantilización de los territorios, la naturaleza y las personas.
Las ciudades están creciendo sin planificación urbana, por eso vemos el avance del capitalismo en América Latina, por lo que no es posible garantizar el derecho a la ciudad como lo prevén las leyes establecidas en las Constituciones Federales y otras, como los Estatutos de las Metrópolis.
Los datos del BID revelan que Latino América y el Caribe enfrentan un déficit habitacional considerable y creciente.
Las organizaciones y movimientos populares deberán unificar las agendas de las luchas para garantizar un mayor número de viviendas adecuadas y con um costo accesible. Los países deben mejorar la regulación de la tierra, fomentar la financiación y movilizar recursos públicos y privados.
América Latina y el Caribe enfrentan un gran déficit de viviendas, enorme y creciente que solo se puede satisfacer si los gobiernos de la región fomentan más inversiones de los sectores público y privado a precios accesible.
Según estudios del BID, una de cada tres familias en América Latina y el Caribe, o 59 millones de personas, vive en viviendas inadecuadas o construidas con materiales de mala calidad, además de carecer de servicios de infraestructura. De los 3 millones de hogares que se forman anualmente en las ciudades latinoamericanas, alrededor de 2 millones se ven obligados a instalarse en viviendas informales, como las favelas, debido a la oferta insuficiente de viviendas adecuadas y accesible
Déficit habitacional por país
La región sufre no solo de un número insuficiente de viviendas, sino de una deficiencia cualitativa, con casas sin título/ documentación, muros construidos con materiales desechables como cartón, pisos de tierra y falta de acceso a agua potable y alcantarillado. Los datos de 18 países de la región muestran que más de dos tercios de las familias en Nicaragua, Perú, Bolivia y Guatemala viven en viviendas precarias. En números absolutos, Brasil y México son los países con mayores déficits habitacionales.
El derecho a la vivienda no es una realidad para la mayoría de los brasileños, aunque ratificado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y descrito en la Constitución Federal de Brasil, en el Art. 6 que trata de los derechos sociales: cómo educación, salud, asistencia social, transporte, además de la legislación posterior, con énfasis en el Estatuto de la Ciudad, 2001.
Según estimaciones realizadas recientemente por las Naciones Unidas (ONU), más de 100 millones de personas en todo el mundo no tienen un lugar donde vivir, mientras que más de mil millones viven en viviendas inadecuadas. Este problema representa una reproducción de las desigualdades sociales y de ingresos que existen en las sociedades.
La falta de vivienda adecuada es un problema grave que se vive en las ciudades de Brasil y en muchos otros lugares del mundo. Es la falta de acceso a lugares con condiciones mínimas para ser utilizado como vivienda.
En Brasil, las mujeres viven día a día con la falta de planificación urbana, en el territorio, viviendo en campamentos, conventillos, palafitos, con poco espacio y mucha gente viviendo en condiciones precarias, sin ventilación y iluminación, sin agua corriente y saneamiento.
La mayoría son mujeres negras, jefas de familia que viven en estas condiciones con sus hijos e hijas.
El no cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada, por parte de las autoridades públicas, tiene un impacto directo en la salud de la población más pobre, generando enfermedades que se alimentan de la pobreza y la vulnerabilidad social, como la tuberculosis, y ahora el COVID-19 entre otras.
La desigualdad en la ocupación territorial de las ciudades en Brasil ha llegado a una situación límite, que se puede atribuir a dos factores principales:
La agravación real de la situación de las personas sin hogar, dado el considerable aumento de la contaminación de la población por COVID 19.
La ciudad es un espacio de desigualdad social y en este contexto, las mujeres sufren más que los hombres:
– Tiene menos ingresos y mayor responsabilidad con la familia;
– Sufren más los desalojos por la forma violenta en que las sacan cuando están solas en casa, por la preocupación por la seguridad de las (os) niñas (os).
– Terminan convirtiéndose en vitimas de violencia doméstica dentro de su próprio hogar.
Las mujeres son mayoría en los mecanismos de la democracia participativa, pero pocas alcanzan posiciones de liderazgo, aunque tienen un nivel educativo más alto que los hombres. En lo que respecta al mercado laboral, el ingreso de las mujeres equivale al 71% en la misma función laboral.
Con el recorte de género, las mujeres reciben un 30% menos que los hombres en el mismo rol, pero cuando se hace el recorte de género y raza, la diferencia es mucho mayor, y las mujeres negras reciben un 63% menos que los hombres blancos que realizan el mismo trabajo.
Con una mirada feminista, la desigualdad social de las mujeres, especialmente las negras, que viven en las periferias urbanas y rurales, es evidente no solo en Brasil, sino en toda América Latina.
En este sentido, las mujeres feministas no podemos quedarnos en silencio ante esta barbarie con nuestras mujeres, que cada día están sintiendo la pérdida de sus familiares, de sus hijos e hijas, por el COVID 19, del aumento de la violencia doméstica y policial en las comunidades, que diariamente mata a jóvenes negros en las periferias, el Estado elige quién debe vivir y quién debe morir con su necropolítica.
Ante esta situación, el proceso de sensibilización revela la oportunidad para la hermandad sorora y, en consecuencia, la necesidad de comprometerse con la causa. Por ello, el fortalecimiento de las luchas de las mujeres en la elaboración de políticas de vivienda, autogestión y una ciudad accesible a todas (os), es una manera de combatir la pobreza y la desigualdad de género, asegurando la inclusión de las mujeres en la construcción civil y en construcción de un nuevo modelo de ciudad, como forma de garantizar el derecho a una ciudad justa e igualitaria.
El debate sobre la ciudad y la vivienda digna ha sido una gran molestia para los sistemas estructurantes de la sociedad brasileña, principalmente para los gobiernos conservadores, presentes en el país, ya que se trata de observación, análisis de transformación y una nueva noción de especialización urbana en el territorio. con respecto a la tierra, donde se busca el fin de la segregación espacial.
Por no hablar del surgimiento del debate, hasta ahora invisible por los espacios urbanos, sobre la marginación de las poblaciones negras, pobres, inmigrante y periféricas.
Ha llegado el momento de que el Poder Público asuma la responsabilidad, llame urgentemente a la población y, en conjunto, formule un plan de emergencia para combatir el COVID 19.
El programa Minha Casa Minha Vida durante los gobiernos de Lula y Dilma era una política del gobierno que venía combatiendo estas desigualdades que afectan principalmente a las mujeres negras en Brasil.
Y además del plan de emergencia, el gobierno debe pensar en las políticas públicas de vivienda del Estado, para que no ocurra lo mismo que pasó con el Programa Minha Casa Minha Vida-Entidades.
Es necesario construir una vivienda adecuada para atender a las familias de bajos ingresos, como una forma de reducir la desigualdad, las enfermedades y la mortalidad derivada de la vivienda precaria. Una ciudad desigual no es buena para nadie.
Los males causados por el Estado son muchos y bien conocidos. Se necesitan ideas y soluciones que promuevan una ciudad saludable y sostenible con planificación territorial.
Es posible y necesario hacer de este movimiento de integración un camino hacia la prosperidad de la ciudad en su conjunto. En este sentido, las mujeres pueden ganar visibilidad, si pensamos en ciudades inclusivas, construidas desde la perspectiva feminista. Así, el debate de género instrumentaliza la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos en la ciudad con ideales y soluciones integradas, económica y socialmente, en el territorio y en el enfrentamiento a la cultura machista y patriarcal que marca las sociedades en Brasil y en el mundo.
Todo este escenario, por tanto, nos permite afirmar que una vivienda adecuada es crucial para la preservación de la salud y la vida en la lucha contra el Covid-19.
“La vivienda es la puerta de entrada a todos los demás derechos”.
Maria das Graças de Jesus Xavier
Bacharel em Direito
Especialista em Politicas Publicas
Coordenadora Rede Mulher e Habitat-Brasil
União Nacional por Moradia Popular
Fellow Social Ashoka
Vice-presidenta Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE-SP)
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Facilitación: Marisol Dalmazzo (Fundación AVP, Colombia. Red Mujer y Hábitat)
Panelistas: Ana Falú (CISCSA, Argentina. Red Mujer y Hábitat), Claudia Blanco (FUNDASAL, El Salvador), Valentina Saavedra (Red Mujeres por la ciudad, Chile), Ana María Vasquez Duplat (Centro de Estudios y Acción por la Igualdad y La Ria Corriente crítica Feminista, Argentina) Maria das Graças Xavier (União Nacional Por Moradia Popular. Brasil, Red Mujer y Hábitat) y Ana Claudia Marinheiro (Cities Alliance, México).
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